Declaración de ONGs - The Public Eye on Davos

Una vez al año, el Foro Económico Mundial (WEF), una asociación de las mayores empresas privadas de todo el mundo, convoca su encuentro anual en Davos, Suiza. Además de los miembros del WEF, también asistirán al evento algunos de los políticos más influyentes y representantes de instituciones internacionales.

Mediante su encuentro anual, el WEF ayuda a aumentar y fortalecer la influencia del sector privado en la política internacional. Los encuentros anteriores del Foro habían llevado a emprender negociaciones comerciales como el Acuerdo General de la Ronda de Uruguay sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) o el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA), acuerdos que han originado desigualdades sociales y destrucción medioambiental.

En todo el mundo, la oposición frente a la globalización económica está ganando fuerza. Esto se ha puesto de manifiesto con protestas exitosas contra el Acuerdo Multilateral sobre Inversión (MAI) o la Ronda del Milenio de la Organización Mundial del Comercio (WTO) en Seattle. En 2000, miles de personas mostraron su oposición frente a la globalización en Chiang Mai, Washington, Praga, Melbourne y Niza. Expresaron su desacuerdo con el dominio de las empresas en la política y exigieron democracia y transparencia en la toma de decisiones económicas en el ámbito internacional.

Iniciado en el año 2000, the Public Eye on Davos estará presente en Davos por segunda vez. Esta campaña conjunta de diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) protesta contra la influencia que el sector privado ejerce sobre las políticas internacionales, y advierte de su impacto negativo sobre la salvaguarda de los derechos humanos, la igualdad social, la democracia y el medio ambiente.

The Public Eye on Davos exige el establecimiento de las siguientes normas básicas por parte de los gobiernos, las organizaciones internacionales y el sector privado:

Respecto a la toma de decisiones a nivel global:

	Todas las estructuras gubernamentales tanto a nivel nacional como internacional deben estar basadas en principios transparentes, responsables y democráticos. Las discusiones y decisiones, que sean relevantes para el público en general, deberían adoptarse en foros que se rigieran por dichos principios.

Respecto al control de empresas transnacionales:

	A través de un acuerdo intergubernamental deberían imponerse unos principios superiores de transparencia y responsabilidad a las empresas mediante unas normas vinculantes. Se debe exigir a las empresas que divulguen el impacto social y ambiental de sus actividades, con el fin de satisfacer la necesidad de sus accionistas – como comunidades locales, clientes e inversores éticos– de tener una información honesta, precisa y relevante. Todos los accionistas de sociedades – incluidas las comunidades locales y los empleados - deberían tener garantizado legalmente su derecho a desafiar las actividades de empresas que amenacen sus intereses. Este acuerdo debería ser impuesto por la legislación nacional y respaldado por el derecho internacional.
	Debería acordarse una ley internacional antimonopolio con el fin de controlar las actividades de fusión empresarial contrarias a la competencia, ya sean de carácter nacional o transnacional.
	Las leyes fiscales nacionales e internacionales deben ser estrictas con el fin de garantizar que las empresas paguen los impuestos justos en todos aquellos países donde operen.
	Las empresas que incurran en infracciones penales deben poder ser perseguidas tanto a nivel nacional como internacional.
	Todas estas medidas deben ser respaldadas por sanciones fuertes y efectivas, que podrían incluir la expulsión de un mercado nacional concreto, condenas de prisión para los directores contables, suspensión de admisión en los mercados de valores, eliminación de privilegios sociales o supresión de ventajas financieras como puedan ser el acceso a subvenciones públicas y los créditos a la exportación.

Respecto a las Relaciones Financieras Internacionales:

	No debería proseguir la liberalización del sistema financiero internacional y no debería presionarse para la liberalización a nivel nacional. En concreto, la modificación propuesta del Convenio del FMI, según la cual el FMI obtendría el derecho a imponer liberalizaciones de la cuenta de capital a sus estados miembro, no debería prosperar.
	Las corrientes financieras a corto plazo deberían ser gravadas y reguladas con el fin de evitar posibles ataques especulativos sobre monedas nacionales.
	Los bancos de desarrollo multilaterales, las agencias oficiales de crédito a la exportación y los bancos privados deberían adoptar políticas vinculantes con el fin de garantizar que sus proyectos se ajusten a los principios internacionales medioambientales, laborales y de derechos humanos. Los gobiernos deberían establecer una infraestructura global para dichos principios, p. ej. como parte del proceso de Río + 10.
	Las instituciones financieras internacionales deberían ser democratizadas, y deberían ser más responsables con todos sus accionistas.

Respecto a la Política de Comercio Internacional:

	Todo acuerdo comercial debe respetar los principios internacionales medioambientales y de derechos humanos.
	No deberían seguir adelante las medidas liberalizadoras mientras esté pendiente una investigación independiente acerca del impacto de los actuales acuerdos de la WTO sobre los derechos humanos, la justicia social y el medio ambiente. Dicha investigación se centra sobre todo en el impacto de los acuerdos comerciales internacionales sobre los pobres, especialmente las mujeres, los niños y los pueblos indígenas.
	No debería presionarse a los países pobres para que abran sus mercados, ya sea mediante instituciones multilaterales o acuerdos bilaterales.
	No debe permitirse el derecho de patente sobre formas de vida, microorganismos, plantas, animales, incluyendo todas sus partes, ya sean genes, secuencias genéticas, células, series de células, proteínas o semillas.

Mientras las políticas económicas se determinen en reuniones privadas de élite, como el encuentro anual del Foro Económico Mundial, the Public Eye acudirá a Davos.

The Public Eye on Davos es un proyecto conjunto de la Declaración de Berna (coordinación), la Red Sudamericana "Asociación Lationamericana de Organizaciones de Promoción" (ALOP), Focus on the Global South, Friends of the Earth International (y su asociada suiza Pro Natura), Genetic Resources Action International (GRAIN), la Tebtebba Foundation, World Development Movement y Network Women in Development Europe (WIDE). www.davos2001.ch



Declaração Não Governamental The Public Eye on Davos

Uma vez por ano o World Economic Forum (WEF), uma associação das maiores empresas privadas a nível mundial, encontra-se para a sua reunião anual em Davos, Suíça. Além dos membros do WEF, alguns dos políticos mais influentes e representantes das instituições internacionais estarão presentes no evento.

Através da sua reunião anual, o WEF ajuda ampliar e reforçar a influência do setor privado na política internacional. As reuniões passadas do Forum conduziram ao lançamento de negociações sobre o comércio, como os acordos da Rodada Uruguai do Tratado Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) ou o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA), que têm causado desigualdade social e destruição ambiental.

Através do globo, a oposição contra a globalização econômica está ganhando força. Isto se tem evidenciado pelos protestos bem sucedidos contra o Acordo Multilateral sobre o Investimento (MAI) ou a Rodada do Milênio da Organização Mundial do Comércio (OMC) em Seattle. No ano 2000, milhares de pessoas demonstraram contra a globalização econômica em Chiang Mai, Washington, Praga, Melbourne e Nice. Eles expressaram o seu desacordo com o domínio das políticas econômicas ditadas pelas empresas e clamaram pela democracia e transparência na tomada de decisões econômicas internacionais.

Lançado no ano 2000, o Public Eye on Davos estará presente em Davos pela segunda vez. Esta campanha conjunta de diversas organizações não governamentais (ONG) protesta contra a influência que o setor privado exerce sobre as políticas internacionais e adverte para o impacto negativo sobre a salvaguarda dos direitos humanos, da igualdade social, da democracia e do meio ambiente.
O Public Eye on Davos clama a implementação das seguintes regras básicas pelos governos, pelas organizações internacionais e pelo setor privado:

No que diz respeito ao Governo Global:

	Todas as estruturas governamentais ao nível nacional e internacional devem ser baseadas em princípios transparentes, fiáveis e democráticos. As discussões e decisões relevantes para o público em geral devem ter lugar em foros que respeitem estes princípios.

No que diz respeito ao Controle das Empresas:

	Um acordo intergovernamental deveria impor altos padrões de transparência e fiabilidade sobre as empresas através de regulamentos vinculativos. As empresas devem ter de revelar os impactos sociais e ambientais das suas atividades, a fim de ir de encontro às necessidades das partes afetadas – tais como as comunidades locais, os clientes e os investidores éticos – para uma informação justa, exata e relevante. A todas as partes afetadas pelas empresas – inclusive as comunidades locais e os empregados – devem ser garantidos direitos legais para desafiar as atividades das empresas que põem em risco os seus interesses. Tal acordo deveria ser reforçado por legislação nacional e apoiado por legislação internacional.
	Uma lei internacional contra cartéis deve ser acordada a fim de controlar a atividade de fusões anti-competitiva dentro e fora dos países.
	As leis fiscais nacionais e internacionais devem ser tornadas rigorosas para assegurar que as empresas paguem impostos justos em todos os países em que operam.
	As empresas que cometam atos criminosos devem estar sujeitas a ação penal tanto a nível nacional como internacional.
	Todas estas medidas têm de ser apoiadas por sanções poderosas e eficazes, que poderão incluir a expulsão de um determinado mercado nacional, sentenças de prisão para os diretores responsáveis, suspensão das listas da bolsa de valores, retirada do alvará da empresa ou eliminação de privilégios financeiros, tais como o acesso a subsídios do Governo e créditos de exportação.

No que diz respeito às Relações Financeiras Internacionais:

	Não deve haver nenhuma liberalização adicional do sistema financeiro internacional e nenhuma pressão para a liberalização a nível nacional. Especificamente, a adenda proposta dos artigos do acordo do FMI, de acordo com a qual o FMI receberia o direito de impor liberalizações de contas de capital sobre os estados-membro, não deve ir adiante.
	Os fluxos financeiros de curto prazo devem ter o imposto atribuído e ser regulamentados para impedir ataques especulativos adicionais sobre as moedas nacionais.
	Os bancos de desenvolvimento multilateral, as agências oficiais de crédito à exportação e os bancos privados devem adotar políticas vinculativas, a fim de assegurar que os seus projetos estejam em conformidade com os padrões internacionais do meio ambiente, trabalho e de direitos humanos. Os governos devem estabelecer uma estrutura geral para tais padrões, por ex. como parte do processo Rio + 10.
	As instituições financeiras internacionais devem ser democratizadas e devem ser tornadas mais responsáveis em relação a todas as partes afetadas.

No que diz respeito às Políticas de Comércio Internacional:

	Quaisquer acordos comerciais devem respeitar os padrões internacionais do meio ambiente e de direitos humanos.
	Não devem ser tomadas mais medidas de liberalização do comércio, ficando pendente de uma investigação independente quanto aos impactos dos acordos da OMC existentes sobre os direitos humanos, igualdade social e meio ambiente. Uma tal exame deve ter um foco especial sobre o impacto dos acordos de comércio internacional sobre os pobres, principalmente as mulheres, crianças e povos indígenas.
	Não deve ser exercida nenhuma pressão sobre os países mais pobres para abrirem os seus mercados, seja por instituições multilaterais ou por acordos bilaterais.
	O patentear de todas as formas de vida, micro-organismos, plantas, animais, inclusive todas as suas partes, sejam estas os genes, seqüências de genes, células, linhas de células, proteínas ou sementes, deve ser proibido.

Enquanto as políticas econômicas forem moldadas em reuniões privadas de elite, como a reunião anual do World Economic Forum, o Public Eye estará sobre Davos.

O Public Eye on Davos é um projeto conjunto da Declaração de Berna (coordenação), a Rede Sul-Americana "Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción" (ALOP), Focus on the Global South, Friends of the Earth Internacional (e a sua afiliada suiça Pro Natura), Genetic Resources Action International (Ação de Recursos Genéticos Internacional) (GRAIN), a Tebtebba Foundation, a World Development Movement (Movimento de Desenvolvimento Mundial) e a Women in Development Europe (Rede Mulheres em Desenvolvimento Europa) (WIDE).

25.1.2001